Las APPs: un mecanismo que puede acelerar la inversión en nuestro país

Publicado el 28 de septiembre del 2017

Permanentemente hemos escuchado que nuestro país es deficitario en infraestructura. Si nos referimos específicamente a sectores, transportes (caminos, puertos, aeropuertos, ferrocarriles), salud, educación, provisión y tratamiento de agua y generación eléctrica son las preponderantes. Los diversos estudios realizados por importantes instituciones del medio -públicos y privadas- e internacionales, estiman que esta brecha oscila entre los 25,000 y 35,000 millones de dólares.

El inicio de la discusión es cuánto pueden participar los privados en este esquema de cierre de brechas y cómo a su vez se compatibiliza con el “ánimus lucrandi” que requieren para garantizar sus inversiones y operatividad de éstas. Por ejemplo, la política pública de los servicios de agua y saneamiento referida a la participación privada en los servicios en mención, se ha desplazado pendularmente en el Perú durante las últimas décadas: de un lado los defensores de la “actividad pública pura” señalan lo estratégico de dicho servicio y que si éste se encontrara en manos privadas, se generaría un costo incremental en la facturación, la cual sería trasladada a los usuarios con la finalidad de garantizar la rentabilidad de las empresas (privadas) que administren el agua en cada ciudad donde operan.

En este discurso también se encuentra presente el tema de la propiedad del agua, contraponiéndola al de la actividad minera en algunos casos. Ello ha generado una zona gris -aprovechada políticamente a favor o en contra- entre el tema de las fuentes naturales versus el servicio de poner agua en condiciones aptas para el consumo humano en una vivienda o garantizar una apropiada cosecha si el tema es agrícola. De otro lado, es un hecho también que la participación privada de todo el sistema de producción, distribución y tratamiento del agua existe en múltiples países vecinos de América Latina, donde el servicio es totalmente privado a cargo de operadores que mantienen concesiones privadas bajo estándares similares o superiores al de una empresa puramente pública.

El aprendizaje en nuestro país da cuenta que en la actual coyuntura ninguna de estos dos extremos es plausible de ser implementado sin una seria oposición política e ideológica en contra de uno u otro modelo. Buena cuenta de ello se observa en el pedido del Presidente Kuczynski de solicitar que el Congreso apruebe el proyecto de Ley 27972, el cual “declara de necesidad pública e interés nacional la promoción de proyectos para el tratamiento de aguas mediante APPs”. Si recapacitamos, este proyecto es fruto del aprendizaje de varios años en Asociaciones Públicos Privadas en el país,  ello porque la resistencia a adoptar modelos de APPs es mucho menor en aquellas fases del ciclo de producción[1] y tratamiento del agua en donde hoy a una EPS le es imposible dar solución. Lima, nuestra capital, no hubiera casi resuelto su problema de tratamiento de aguas residuales, si es que Taboada y Chira no se hubieran implementado en la última década a través de un modelo concesional. Ambos proyectos llegan a tratar más del 90% de las aguas residuales de Lima[2] y, sitios que antes eran totalmente contaminados como la playa de La Chira en Chorrillos, hoy se han convertido en zonas de práctica deportiva y de solaz para la población limeña. Habérselo encargado a SEDAPAL para que con sus propias capacidades y recursos resuelva este problema, no hubiera sido posible. Ello no solamente por un tema de carácter financiero, sino porque se requiere de una tecnología especializada para instalar este tipo de infraestructuras y el know how para operarlas.

La tendencia observada a través de la práctica en el país sobre APPs[3] es que hay como una ventana de eficiencia para que éstas logren una rápida maduración: i) Los altos costos de capital requeridos para que una infraestructura pueda ser financiada directamente por el Estado, ii) El conocimiento del ciclo de vida y uso de este activo, iii) el estándar de prestación de un servicio público, lo cual involucra su operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil de dicho activo.

Y de otro lado, esto contrasta con el hecho que casi nunca son los actores locales quienes promueven este tipo de iniciativas. La gran mayoría son gestadas y diseñadas en entes del Gobierno Central, antes que los regionales y menos los provinciales-municipales. Ello conlleva a que muchas veces no exista un alto nivel de empoderamiento por parte de la institucionalidad local, generando un bajo efecto cooperativo para promover proyectos de alto impacto y con riesgos compartidos entre públicos y privados. Del mismo modo, es necesario evaluar cuánto de la experiencia y tecnología del privado involucrado es transferida, luego del periodo concesional. Este es una de los principios que debería ser relevante: hoy no lo puedo hacer, pero prepárame para asumirlo.

Artículo de opinión escrito por Francisco Dumler, Vicepresidente de desarrollo de Invertir 

 

[1] Incluye novedosamente los temas de desalinización de agua de mar en las ciudades costeras.

[2] La estadística presentada en la exposición de motivos (gráfico 2 del referido proyecto de ley) señala que SEDAPAL sólo trata el 74.4% de sus aguas servidas, pero es una data del 2014. La planta de La Chira fue inaugurada en el primer semestre del 2016. Hubiera sido conveniente que un documento de esta naturaleza -pues sustenta una ley en el 2017-, estuviera actualizado y guardara rigurosidad metodológica, dada la relevancia e impacto en las futuras intervenciones de los servicios de agua y saneamiento. Ello es contradictorio en el mismo texto de la exposición de motivos, pues en el análisis costo-beneficio se menciona la PTAr Chira.   

[3] A efecto de una definición operativa a lo largo del presente artículo, una APP alude genéricamente a un relacionamiento entre el sector público y el privado con el objetivo de introducir en la sociedad recursos financieros, presentes o futuros y/o experiencia en el negocio para permitir el financiamiento o la ejecución de infraestructura y servicios de uso público.

Otras novedades Ver todas las novedades